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Abusando del poder, Barbosa ataca a antorchistas

Tehuacán, Puebla. Lisandro Campos Córdova, dirigente del Movimiento Antorchista en el seccional Tehuacán, dijo en entrevista que todas las acusaciones que está lanzando el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta en contra de Antorcha no tienen fundamento y obedecen a que su partido tiene mucha necesidad de desprestigiar a sus adversarios, pues los antorchistas anunciaron que van a realizar una alianza nacional de todos los inconformes y agraviados por Morena para ganar las elecciones del 2021.

"Esta decisión de los antorchistas le ha generado mucho coraje a Barbosa y por eso, se ha aliado con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para atacar de manera cobarde, sin dar pruebas, solamente porque tienen el poder; emprendiendo una campaña feroz en los medios para desprestigiar y humillar a la gente que ha trabajado de manera legal en los negocios en donde nos están bloqueando las cuentas", aseveró Campos Córdova.


Explicó que las cuentas bancarias que bloquearon no tienen 800 millones de pesos; "es el movimiento de las operaciones de compra y venta desde el 2010 al 2020; “son los movimientos del activo circulante; no son ingresos ilícitos” dijo, y además, señaló, están debidamente registrados en la contabilidad de los negocios reportada al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y se han pagado los impuestos correspondientes.


El líder antorchista manifestó que el gobernador de Puebla en su declaración 3 de 3, no incluyó la casa que le compró a los familiares del expresidente Miguel de la Madrid y además en la región tiene otras propiedades: una en la desviación de Tepexilotla, una en el centro de Tehuacán y ahora que Lozoya declaró denunciando a las personas que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética dio a conocer que Barbosa Huerta recibió 80 millones de pesos y para su defensa este, manifestó que no debe darse crédito a un criminal que está acusando; las autoridades judiciales deben investigar y los poblanos no deben concederle ni un ápice de credibilidad al gobernador que está señalado como implicado en actos ilícitos.

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